PSOE y PP se acusan de «colocar» a sus afines en las televisiones públicas

Estarás pone a Urdaci como ejemplo de «persecución» política durante un debate sobre IB3

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El PSOE y el PP se reprocharon ayer durante el pleno del Parlament su intentos de condicionar la línea informativa de las televisiones públicas. Abrió efuego cruzado el PSOE quien, con preguntas Pilar Costa, Rosa María Alberdi y Antoni Diéguez, cuestionó el modelo de IB3 (que iniciará simbólicamente sus emisiones el 1 de marzo), el «sectarismo» de sus dirigentes, la falta de diálogo con el mundo de la comunicación, el doblaje de las películas y la ausencia de un Consell de lo Audiovisual que vigile sus contenidos. La vicepresidenta Rosa Estarás rechazó las críticas y se cebó especialemnte con Antoni Diéguez que le había preguntado si había tenido en cuenta el Govern para nombrar a los cargos de IB3 que «ninguno de ellos haya sido crítico con un Govern del PP».

El debate alcanzó su punto álgido cuando Estarás leyó una relación de los periodistas que han dejado sus puestos en varias televisiones, entre ellas la estatal, por «no ser afines». Comenzó citando a Urdaci lo que provocó un abucheo generalizado de la oposición. Según Estarás, el Ejecutivo sólo ha considerado «la capacidad profesional» a la hora de elegir a sus directivos. En relación a los motivos por los que no se da entrada a «los profesionales de los medios de comunicación en los órganos de consulta y asesoramiento del ente público», indicó que «en Balears no existe un Colegio de Periodistas», que es el interlocutor válido que reconoce la legislación. Pero no todo fue crispación y polémica en la sesión de ayer, en la que se aprobaron dos propuestas por asentimiento: una la había presentado el PP (una moción para instar al Gobierno central a establecer una tarifa única en los paquetes vacacionales del Imserso para igual los costes en las tres islas) y la otra el Govern: la reforma de la Ley del Patrimonio Histórico.

La ley obliga a elaborar catálogos sobre el patrimonio histórico de los municipios para aprobar cualquier planeamiento. La reforma establece que los ayuntamientos habrán de aprobar sus catálogos de patrimonio histórico durante este año y, si no es así, deberán hacerlo «con la primera modificación o revisión del instrumento de planeamiento general que se redacte». Además, y también durante la sesión de ayer, el conseller d'Educació Francesc Fiol avanzó uno de los puntos del decreto que regula la educación entre cero y tres años, sobre el que le interpeló el PSM. Dijo que se exigirá título y que se abrirá un proceso para habilitar a educadores de guardería que todavía no lo tengan.

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