En cualquier caso, el conseller dudó de la efectividad de este
aumento, a la vista de los problemas que han surgido con la subida
del descuento para residentes al 38 por ciento.
El secretario general de la Delegación del Gobierno, Ramon
Morey, rechazó la petición del conseller y aseguró que el Govern
tiene plena autonomía para aprobar la subida del plus de
insularidad a sus funcionarios, de la misma forma que ha aprobado
homologaciones salariales para los empleados de educación y
sanidad.
Morey recordó que el Govern firmó un acuerdo con los sindicatos
que, si quiere, puede cumplir por su cuenta sin recurrir al
Gobierno. No obstante, también dejó abierta la posibilidad de que
el Ejecutivo de Jaume Matas negocie en el futuro con el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero que en las transferencias se incluya
el coste del plus de insularidad.
Explicó que la subida de este plus de insularidad será de
obligado cumplimiento para los consells y ayuntamientos y añadió
que el Gobierno sí puede estudiar la posibilidad de ayudar a las
corporaciones locales más pequeñas que tengan pocos recursos
económicos.
Por lo que respecta al Consell de Mallorca, el conseller de
Presidència de la institución insular, Francesc Buils, explicó que
su departamento ya ha aprobado la subida de este plus de
insularidad, incluso por encima de las previsiones del Gobierno.
Buils recordó, no obstante, que existe una petición unánime del
pleno para que el Gobierno colabore en el pago.
Por otra parte, las centrales sindicales CCOO, UGT y CSIF
valoraron ayer por la mañana -antes de conocer las declaraciones de
Rodríguez- que el acuerdo suscrito con el Gobierno para aumentar el
plus de residencia de los empleados públicos de la Administración
General del Estado destinados en las Islas deje la puerta abierta a
las negociaciones para la posterior equiparación con Canarias y
que, además, reconoce la doble insularidad de Menorca, Eivissa y
Formentera.
Así lo manifestaron Aurelio Martínez de UGT, José María Patricio
de CCOO y Emma Valenzuela del CSIF, quienes mostraron su
satisfacción por el acuerdo, aunque matizaron que el mismo no
cumple «todas nuestras aspiraciones», ya que no equipara las
bonificaciones a las que se perciben en Canarias.
Los responsables sindicales coincidieron en resaltar la
«precipitación» con la que el Ministerio de Administraciones
Públicas actuó para alcanzar este acuerdo durante la reunión de la
Mesa de la Función Pública, en la cual el plus por insularidad no
estaba previsto dentro del orden del día.
Después de conocer las declaraciones de Rodríguez desde la UGT
manifestaron que «no vamos a entrar en una guerra de quién tiene
obligación de pagar o no, lo que exigiremos es que se pague», en
palabras de Martínez.
De la misma opinión fue Sebastià Serra, del STEI-i, quien
recordó que en el pacto firmado con los sindicatos el Govern se
comprometió a pagar el plus de insularidad a los empleados de la
CAIB.
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