El Govern dice que no está obligado a pagar el plus de insularidad a sus funcionarios

Pide a Madrid que abone el dinero y Delegación del Gobierno contesta que se deberá negociar

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S. CARBONELL/N. DOMBLÀS
El conseller d'Interior, José María Rodríguez, aseguró ayer que no es el Govern quien tiene que pagar el plus de insularidad a los funcionarios autonómicos, sino el Gobierno central, ya que la mayor parte de los 23.000 empleados públicos de la Comunitat «son funcionarios del Estado» que han sido transferidos a Balears. «El Govern exige al Gobierno que traslade el dinero», señaló José María Rodríguez.

En cualquier caso, el conseller dudó de la efectividad de este aumento, a la vista de los problemas que han surgido con la subida del descuento para residentes al 38 por ciento.

El secretario general de la Delegación del Gobierno, Ramon Morey, rechazó la petición del conseller y aseguró que el Govern tiene plena autonomía para aprobar la subida del plus de insularidad a sus funcionarios, de la misma forma que ha aprobado homologaciones salariales para los empleados de educación y sanidad.

Morey recordó que el Govern firmó un acuerdo con los sindicatos que, si quiere, puede cumplir por su cuenta sin recurrir al Gobierno. No obstante, también dejó abierta la posibilidad de que el Ejecutivo de Jaume Matas negocie en el futuro con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que en las transferencias se incluya el coste del plus de insularidad.

Explicó que la subida de este plus de insularidad será de obligado cumplimiento para los consells y ayuntamientos y añadió que el Gobierno sí puede estudiar la posibilidad de ayudar a las corporaciones locales más pequeñas que tengan pocos recursos económicos.

Por lo que respecta al Consell de Mallorca, el conseller de Presidència de la institución insular, Francesc Buils, explicó que su departamento ya ha aprobado la subida de este plus de insularidad, incluso por encima de las previsiones del Gobierno. Buils recordó, no obstante, que existe una petición unánime del pleno para que el Gobierno colabore en el pago.

Por otra parte, las centrales sindicales CCOO, UGT y CSIF valoraron ayer por la mañana -antes de conocer las declaraciones de Rodríguez- que el acuerdo suscrito con el Gobierno para aumentar el plus de residencia de los empleados públicos de la Administración General del Estado destinados en las Islas deje la puerta abierta a las negociaciones para la posterior equiparación con Canarias y que, además, reconoce la doble insularidad de Menorca, Eivissa y Formentera.

Así lo manifestaron Aurelio Martínez de UGT, José María Patricio de CCOO y Emma Valenzuela del CSIF, quienes mostraron su satisfacción por el acuerdo, aunque matizaron que el mismo no cumple «todas nuestras aspiraciones», ya que no equipara las bonificaciones a las que se perciben en Canarias.

Los responsables sindicales coincidieron en resaltar la «precipitación» con la que el Ministerio de Administraciones Públicas actuó para alcanzar este acuerdo durante la reunión de la Mesa de la Función Pública, en la cual el plus por insularidad no estaba previsto dentro del orden del día.

Después de conocer las declaraciones de Rodríguez desde la UGT manifestaron que «no vamos a entrar en una guerra de quién tiene obligación de pagar o no, lo que exigiremos es que se pague», en palabras de Martínez.

De la misma opinión fue Sebastià Serra, del STEI-i, quien recordó que en el pacto firmado con los sindicatos el Govern se comprometió a pagar el plus de insularidad a los empleados de la CAIB.

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