El Govern solicitó ayer, a través de la consellera Mabel Cabrer,
que los consells insulars sean más flexible para poder disponer de
suelo disponible con el fin de construir viviendas sociales en
Balears. En la actualidad, el Ejecutivo puede construir viviendas
sociales gracias a la cesión de suelo por parte de los
ayuntamientos, pero la demanda de este tipo de inmuebles va
creciendo y la Conselleria d'Obres Públiques no puede acudir al
mercado libre para disponer de más territorio. Mabel utilizó un
tono moderado para hacer su reivindicación, pero aclaró que habría
que compaginar la protección del territorio con algunas medidas con
el fin de disponer de más suelo. «Hay que proteger, pero debemos
ser conscientes de que estamos perjudicando a muchas personas que
buscan casa y sólo pueden acceder a viviendas sociales», dijo
Cabrer durante la colocación de la primera piedra de la promoción
de VPO en La Rivera. Cabrer agradeció el apoyo «de todos los
ayuntamientos que han cedido suelo» y recordó que durante este año
se habrán iniciado unas 1.000 viviendas sociales.
El margen de maniobra del Govern para lograr suelo es muy
limitado. Si se acude al mercado libre, el actual precio del suelo
impide poder edificar viviendas sociales con los parámetros
económicos recomendables para que la promoción sea rentable y no
suponga una carga para las arcas autonómicas. Por lo tanto, la
construcción de viviendas sociales sólo es posible a través de la
cesión de suelo de forma gratuita. Precisamente, los terrenos donde
ayer se colocó la primera piedra de la nueva promoción de viviendas
han sido cedidos por el propio Govern. Durante los últimos meses,
el Ejecutivo ha intentado conseguir suelo de particulares para
construir viviendas sociales, pero existen muchas dificultades con
los consells. El suelo ofrecido al Govern es rústico y hace falta
el visto bueno de los consells para poder iniciar las promociones
públicas. En concreto, el Consell de Mallorca ha dejado claro
durante los últimos años que no permitirá la construcción de
viviendas sociales en suelo rústico. La recalificación, por lo
tanto, es imposible y el Govern debe limitarse a aceptar la cesión
de suelo que den los ayuntamientos. «Desearía más comprensión de
los consells», insistió Mabel Cabrer.
La consellera d'Obres Públiques recalcó que la política de
construir viviendas sociales en diferentes barriadas de Palma
habían supuesto un giro en el concepto de estos inmuebles. «Las
viviendas sociales ya no suponen ningún guetho», dijo. De hecho, la
promoción que inició ayer el Govern se encuentra entre hoteles y
apartamentos de lujo en La Rivera, una barriada situada en segunda
línea de la Platja de Palma. La Conselleria d'Obres Públiques, a
través del Ibavi, creará 15 pisos sociales de 3 o 4 habitaciones.
Estas viviendas serán alquiladas a jóvenes, que pagarán entre 300 y
350 euros al mes de renta. En algunos casos, el Govern
subvencionará una parte de estos alquileres para los jóvenes con
menos recursos económicos.
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