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Los responsables del PP y del PSOE en el Consell de Mallorca se acusaron ayer mutuamente de provocar la subida del impuesto de gasolinas, en el transcurso del pleno ordinario que ayer celebraba la institución insular. El debate surgió a raíz de sendas iniciativas presentadas por EU-EV y PSOE en las que se pedía, respectivamente, pedir al Govern que anule la subida del impuesto sobre actos jurídicos documentados -que subió en enero del 0'5 al 1 por ciento- y exigir que no apruebe la subida del impuesto sobre las gasolinas. Ninguna de las dos propuestas salió adelante ya que el PP votó en contra y UM se abstuvo. El portavoz socialista Antoni Alemany acusó al Govern de Jaume Matas de subir los impuestos para pagarse sus «despilfarros» y sus caprichos, como la televisión autonómica. Destacó que frente a los 52 millones que el Govern ingresaba al año con la ecotasa, tan sólo con la subida del impuesto de actos jurídicos documentados ingresará 62 millones. Alemany destacó además que la subida de este impuesto tiene efectos directos en la subida del precio de la vivienda.

El portavoz del PP, Fernando Rubio, rechazó la visión del socialista y aseguró que es el Gobierno central quien obliga al Govern a subir el impuesto de las gasolinas. Acusó al PSOE de haber «cambiado de chaqueta» y añadió que si al PSOE no le gusta IB3 es porque «sólo apoya los monopolios mediáticos y quiere una medios de comunicación directamente dirigidos por el PSOE». Frente a la visión de PP y PSOE, UM y PSM afirmaron que son los dos únicos partidos que históricamente han denunciado el déficit de financiación de Balears gobierne quien gobierne en Madrid. En representación de UM, Miquel Angel Flaquer defendió que el Govern se endeude para realizar las inversiones que necesita Balears, pero se mostró en contra de la subida del impuesto sobre hidrocarburos.

Antoni Alorda, del PSM, consideró una «hipocresía política» que el Govern de Matas se declare contrario a la subida de impuestos, pero luego aproveche cualquier circunstancia para subirlos. Alorda consideró «dadaísta» que el PP asegure que es el Gobierno central quien obligue al Govern a subir los impuestos y recordó la «soberanía plena» del Parlament balear, así como el hecho de que el Govern del Pacte no subiera este impuesto. Por parte de EU-EV, tanto Marilena Tugores como Margalida Rosselló criticaron que la subida del impuesto de actos jurídicos documentados provocará una subida del precio de la vivienda «incongruente» con las políticas fiscales que defiende el PP. Rosselló señaló, por su parte, que el Govern se está dedicando a subir impuestos «para poder seguir destrozando el territorio».