Nuestra ley suprema, es decir, la Constitución de 1978, consagra
la igualdad de todos los españoles y ayer el Congreso de los
Diputados dio un paso al frente para materializar ese derecho a la
igualdad de un colectivo que venía reivindicándolo desde hacía
años: los homosexuales. Tras al paso por el Senado, el proyecto de
ley que permitirá contraer matrimonio a personas del mismo sexo
será una realidad, previsiblemente a finales de junio. Una
circunstancia que ha levantado ampollas en más de un sector -PP y
UDC votaron en contra ayer-, especialmente en lo relativo a la
posibilidad de adopción por parte de estas parejas.
En realidad lo que estamos viendo es, sencillamente, la
traslación a los papeles de una realidad tangible que lleva años
instalándose en la sociedad española. Hoy prácticamente nadie se
atreve a sostener posiciones que defienden la segregación o la
discriminación de cualquier persona por razones como el color, la
religión o la opción sexual, aunque la legislación sí consagraba
ese apartheid. De ahí que la nueva ley sea necesaria para regular
una situación que ya existía de hecho: las parejas gays y
lesbianas, que veían mermados algunos de sus derechos al quedar
fuera de la normativa.
Quizá abrir las puertas a la adopción de niños resulte algo más
complicado de entender, aunque si únicamente nos planteamos el
bienestar del menor y su derecho a tener una familia estable y
afectuosa resultará más fácil. En esto hay que exigir un control
estricto y una defensa feroz de los derechos del menor, sometiendo
a estas parejas a idénticos controles que los demás, con lo que el
niño estará suficientemente protegido y sólo será dado en adopción
si los potenciales padres -o madres- reúnen todos los
requisitos.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.