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Dentro de dos meses, nuestra Comunitat -en el resto de España será a primeros de año- habrá dado un decisivo paso hacia adelante en la consecución de una sociedad más sana con la prohibición del tabaco en cualquier espacio cerrado de uso público, incluso bares y centros de trabajo. Es una noticia excelente que debemos acoger con enorme satisfacción, aunque, como suele ocurrir, aquí también hay algunos peros que ensombrecen la idea. La mayor pega de esta legislación estriba en que se pone en marcha con el viejo sistema de empezar la casa por el tejado. Porque a una sociedad a la que se ha invitado durante décadas a fumar y a disfrutar del tabaco y de todas sus connotaciones positivas -en publicidad, cine y ámbitos de ocio y diversión- no se le puede prohibir, de pronto, lo que ya se ha convertido en una adicción difícil de abandonar.

Todos sabemos, y hace muchos años que lo sabemos, que el tabaco mata y provoca enfermedades terribles. Por eso lo lógico habría sido emprender acciones suaves para promover el abandono de la adicción a nivel masivo para ir, paulativamente, cerrando las puertas a los fumadores.

El modo como se ha llevado a cabo todo el proceso de elaboración y aprobación puede conducir a discriminar a quienes están enganchados al tabaco, provocar incidentes y disputas en lugares públicos y cargar con un elevado precio económico a los empresarios que se vean obligados a dividir sus locales en espacios para fumadores y para no fumadores. Además, el Ejecutivo debió pensar también en terapias de desintoxicación (el tabaquismo es una adicción a una droga) y, por supuesto, en dar una salida a quienes, hoy por hoy, se dedican a la elaboración y venta de las labores del tabaco.

Pero esto no significa que no deban adoptarse medidas estrictas como las que establece esta ley para regular, de una vez por todas, el derecho a la salud, especialmente de los que no son adictos al tabaco y sufren, por causa de otros, sus consecuencias.