Como cada año por estas fechas, muchos contribuyentes empezamos
a ponernos nerviosos ante la obligatoriedad de comparecer ante la
Agencia Tributaria para poner en orden nuestras cuentas del año
pasado. Es un calvario cada vez más llevadero gracias a las
facilidades con que las autoridades nos obsequian con tal de acabar
cuando antes y de la forma menos traumática y costosa posible con
el trámite -hoy más cómodo vía internet y a través del
borrador-.
Dieciséis millones de españoles tendrán que presentar la
declaración y más de doce millones resultarán negativas, un 78 por
ciento. Este dato vuelve a confirmar que el sistema no está todo lo
desarrollado que debiera. Porque lo que a la inmensa mayoría nos
supone una alegría -que nos devuelvan dinero-, algo así como una
paga extra inesperada, en realidad es un fallo del modelo
tributario español.
De hecho, esa ingente cantidad de españoles que recibirá dinero
en esta campaña se ha visto privada de ese montante cuando le
correspondía, es decir, a lo largo del año pasado. Se lo adelantó,
por así decirlo, al Estado, que ahora, como no le pertenecía, lo
tiene que devolver. Con meses de retraso y sin intereses.
Habría que encontrar la fórmula para que ese dinero -más de
nueve mil millones de euros- le llegue a cada contribuyente en su
debido momento y, a la hora de hacer las cuentas, el saldo sea
neutral, sin pagos y sin devoluciones, al menos en la mayoría de
los casos. Con este método actual, el Gobierno se aprovecha de los
contribuyentes -asalariados básicamente- durante un año entero y,
aunque nos resulte satisfactoria la devolución, lo cierto es que es
un préstamo injustificado e involuntario.
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