Cuando suena con mucha fuerza el alboroto por la reforma de los
Estatutos de Autonomía del País Vasco y de Catalunya, ha sido otra
comunidad autónoma, Valencia, la que se ha adelantado presentando
un texto consensuado por los dos principales partidos: PP y
PSOE.
Se trata de una reforma que ha sido recibida con aplausos por
parte de los dos grandes partidos nacionales y con cierta tibieza,
si no con furia, por los pequeños grupos nacionalistas, que ya
anuncian cambios a su paso por el Congreso de los Diputados.
Sin ir tan lejos, el propio president del Govern balear, Jaume
Matas, ha acogido la noticia con satisfacción, pero advirtiendo que
para Balears aspira a mucho más. No es de extrañar. El texto
pactado para Valencia establece el reconocimiento de la comunidad
como histórica, la facultad del president de disolver de forma
anticipada las Cortes Valencianas, la creación de un Servicio
Tributario propio y el establecimiento de una renta mínima de
ciudadanía, como novedades más destacables.
Sin embargo, se elude reivindicar algo que para Catalunya es
irrenunciable, como el concierto económico que ya disfrutan Euskadi
y Navarra. De ahí que en Barcelona se considere que este nuevo
Estatuto es «fotocopiable» para otras comunidades autónomas, pero
inaceptable para Catalunya. Algo parecido debe pensar Matas, que
aspira -lógicamente- a que Balears goce de idénticos privilegios
que las autonomías más avanzadas, aunque siempre dentro del marco
de la Constitución. El consenso es siempre loable, pero desde el
punto de vista balear el horizonte lo pone Catalunya. Es bueno
saber que el PP balear quiere ir más lejos en el autogobierno y,
sobre todo, en la necesidad de conseguir una financiación más
adecuada a nuestra realidad autonómica.
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