Los magistrados consideran «no probado» que Vallori, secretario
del president del Govern, Jaume Matas, cuando se descubrió el
«redireccionamiento», y Pascual, jefa de su gabinete, hubiesen
espiado y usado el contenido de los mensajes que se remitían al
entonces presidente de la Comisión Insular de Urbanismo de
Mallorca, Francesc Quetglas, que ejerció la acusación junto a
Esquerra Unida. Las acusaciones particular y popular pedían para
los ahora absueltos cuatro años de prisión en cada caso, además de
varios años de inhabilitación, pero el Tribunal desestima sus
argumentos y, en la sentencia, recalca que el desvío del correo de
Quetglas se debió a un error del operador de la cuenta de «e-mail»,
la empresa Bitel.
Según la sentencia, aunque se considera probado que Vallori
recibió indebidamente al menos 34 correos electrónicos destinados a
Quetglas, entiende que no hubo delito de revelación de secretos
porque ninguno de los mensajes pertenecía a la intimidad del
denunciante.
«Dichos mensajes no eran ni podían ser secretos», porque «el
concepto de documento secreto o clasificado (...) carece de
aplicación cuando se trata de escritos que forman parte de
expedientes tramitados por un Consell Insular y que versan sobre
una materia no reservada, cual es la ordenación del territorio de
Mallorca», añade la sentencia.
Al respecto, la Audiencia considera que el derecho a la
intimidad «es incompatible con las normas que regulan la actividad
de la Administración pública, que se rige irrenunciablemente por
los principios de publicidad y transparencia».
No obstante, los magistrados admiten que «no pudieron aclarar»
el conducto por el cual llegó a poder del president Matas el
documento recibido a principios de septiembre de 1998.
Asimismo, en la sentencia señalan que Quetglas «sabía que ese
documento iba dirigido al Consell Insular de Mallorca y no a su
persona, y que su contenido era público y por ello carente de toda
relación con su derecho a la intimidad, como se desprende de la
simple lectura de su portada y sus 23 páginas».
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