El Àrea de Urbanismo de Cort, a la vista del elevado porcentaje
de establecimientos que operan sin licencia en la ciudad, sólo
interviene cuando se presenta una denuncia contra la empresa
infractora o cuando se registra algún accidente.
Este modo de actuación fue el que se siguió con el caso de las
canteras de Establiments, ya que la institución sólo intervino
contra las empresas que las explotaban de forma irregular cuando un
error en una voladura provocó la caída de rocas sobre una casa
próxima, que quedó casi destruida.
En el caso de la redacción ilegal ubicada en suelo rústico, en
el complejo sanitario de Can Granada, la intervención municipal no
se pondrá en marcha, aparentemente, hasta que el presidente de ASI,
Joaquín Rabasco, presente la denuncia administrativa una vez haya
recibido los documentos que ha pedido a Cort. Rabasco, sin embargo,
denunció el viernes a la empresa editora de «El Mundo-El Día de
Baleares» por un presunto delito contra la ordenación del
territorio, al entender que esta empresa tiene una oficina de
redacción allí dónde, según el Plan General de Ordenación Urbana de
Palma, sólo puede haber instalaciones de tipo sanitario o
asistenciales.
Una vez presentada la denuncia, y según lo previsto en la Ley
8/95 de Actividades Clasificadas, Cort tendría que requerir a la
empresa denunciada para que acredite la posesión de licencia de
actividad -que «El Mundo» no tiene-, y al confirmarse la ilegalidad
de las instalaciones, emitir un decreto de Alcaldía para
clausurarlas. A partir de la notificación de éste, tendría que
abrirse un plazo de 48 horas para que los propietarios de las
oficinas clandestinas las cerraran, aunque Urbanismo puede arbitrar
un periodo más amplio si lo estima oportuno.
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