Cuando Balears consiguió la declaración de servicio público para
los vuelos que conectan las Islas entre sí todos creímos que se
había cerrado el capítulo de las tomaduras de pelo por parte de
algunas compañías aéreas que establecían subidas del precio
constantemente y variaban las frecuencias de los vuelos -o los
eliminaban- teniendo únicamente en cuenta la rentabilidad de los
mismos.
Sin embargo, según estamos viendo, el Gobierno central,
encargado de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el
convenio, no parecen tener claro en qué consiste, precisamente, un
servicio público de este carácter en una comunidad insular.
Para los habitantes de estas Islas, los vuelos interislas
suponen algo así como las carreteras, las autopistas, los servicios
de autobuses y los trenes de que disfrutan los ciudadanos de
cualquiera de las otras autonomías españolas.
Pero aquí nos vemos expuestos continuamente a las decisiones
unilaterales y discutibles del Gobierno, que ha vuelto a autorizar
la subida del precio de los billetes de avión sin previo aviso y
sin contar con la comisión mixta encargada de esos trámites.
Así las cosas, desde el Govern y los consells insulars ya se
plantean solicitar una nueva declaración de servicio público con
nuevas exigencias que beneficien a los ciudadanos de las Islas, con
tarifas máximas de 58 euros en los vuelos y su extensión a los
enlaces con la Península.
El principal problema en esta cuestión es, una vez más, la
financiación de los servicios que resultan deficitarios, pero si
queremos potenciar lo público debe hacerse un esfuerzo mayor. De lo
contrario, volverá a primar el baremo de la rentabilidad pura y
dura.
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