El conseller de Medi Ambient, Jaume Font, y el director general de
Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental, Antoni Gómez,
presentaron ayer el anteproyecto de la Llei Balear de Caça i Pesca
Fluvial, que obliga a vincular la actividad cinegética con la
gestión medioambiental de los terrenos donde se desarrolla. «No hay
caza sin planificación ni gestión», señalaron Font y Gómez, que con
la ley regularán una actividad que en Balears cuenta con 25.000
licencias y 1.800 cotos vedados, de los que 78 corresponden a
sociedades de cazadores.
Todos los terrenos cinegéticos están obligados a disponer de un
plan técnico de gestión. Los cotos de sociedades de cazadores deben
contar con más de 100 hectáreas. Un coto particular debe disponer
de un mínimo de 20 hectáreas si es de un solo titular, un mínimo de
50 si pertenece a varios. Por su parte, la Conselleria creará
vedados sociales, uno en cada isla, con acceso libre si se tiene
licencia de caza. Los terrenos libres, donde se puede cazar
libremente si se tiene licencia, también están obligados a un plan
de gestión, que en este caso será elaborado por la sociedad de
cazadores local, el ayuntamiento en cuestión o la propia
Conselleria de Medi Ambient. En estos casos, se determinará el
número de especies que se pueden abatir (siempre con el límite de
lo que diga la orden anual de vedas) y el número de cazadores
simultáneos que podrán actuar en esa finca.
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