Torres Blasco15/06/05 0:00
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Una moratoria comercial, dos nuevas leyes (la de Puertos y la de Cooperación) y la reforma de otra ley vigente, la de cooperativas. Todo eso aprobó ayer el Parlament en la última sesión plenaria del actual periodo de sesiones que oficializó la creación de dos nuevas empresas públicas: una gestionará los puertos; otra las ayudas para el desarrollo. La Cámara balear, en lo que se conoce como «pleno escoba», dio salida a la mayoría de cuestiones que tenía pendientes de discutir. Además de la aprobación de estas leyes, también abordó diferentes iniciativas de la oposición, entre ellas una propuesta del PSOE que pretendía forzar al Govern a «rectificar» las medidas que ha puesto en marcha y que suponen el incremento de algunos impuestos. La sesión se inició con el turno de preguntas al Govern; la mayoría del grupo Socialista volvió a abandonar el pleno cuando el PP preguntaba al Govern y el presidente de la Cámara, Pere Rotger, llamó al orden, en una ocasión, al socialista Antoni Diéguez. En ese turno de preguntas, Pere Sampol, del PSM, reveló que una soprano que participa en la mayoría de viajes promocionales de la Conselleria de Comerç i Indùstria tiene como representante a la gerente de una empresa de ese departamento.

La moratoria comercial (uno de los platos fuertes de la sesión) se aprobó, tras un intenso debate, como pretendía el conseller del ramo: no afectará a los proyectos presentados con anterioridad al 20 de mayo, que es cuando entra en vigor. PSIB y PSM defendieron enmiendas para que se suspendieran las licencias en tramitación. No se suspenderán. El conseller Cardona explicó que la moratoria es una medida cautelar con vistas a la aprobación de un nuevo reglamento que regulará la apertura de grandes superficies. La Ley de Puertos y la de Cooperación para el Desarrollo también se aprobaron ayer. La segundo contó con un relativo consenso ya que, en líneas generales, asume propuestas que ya preveía el anterior Govern del Pacte. Si embargo una cuestión inquietó especialmente a la oposición: que la ley prevea una empresa pública para gestionar las ayudas al desarrollo. Otra cuestión polémica: que la nueva ley equipara a las casas baleares asentadas en el exterior con las ONG.

La Ley de Puertos también prevé una empresa pública. Una empresa pública, o un ente autonómico (según el PP) que hará en los puertos dependientes de Balears (concretamente los deportivos) las funciones que desempeña la Autoridad Portuaria. La oposición cuestionó lo que entiende como merma de competencias de los consells. La nueva ley impide que un mismo titular pueda disponer de un mismo amarre durante más de 30 años. La normativa indica que la planificación de los usos urbanísticos del suelo portuario corresponde a la entidad pública Ports de les Illes Balears. A pesar de que la construcción de nuevos puertos no será posible sin un informe positivo de los Consells, sus informes no serán vinculantes en las ampliaciones. La ley de cooperativas se modifica por un trámite burocrático: para que las cooperativas pueda adaptarse a la legislación.