P. Candia29/06/05 0:00
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El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma está investigando un posible delito de estafa cometido, al parecer, por una auxiliar administrativa de la Confederación de Vecinos de les Illes Balears. El presidente de esa confederación, Rafael Pons, y varios dirigentes de las federaciones de vecinos de Palma, Marratxí, Felanitx, Capdepera, Llucmajor, Menorca y Eivissa, presentaron una denuncia contra la empleada por una supuesta apropiación indebida de, en principio, 30.000 euros de los fondos de esas entidades. Los denunciantes, entre ellos, Rafael Pons, Paula Cortés, Josep Costa Rosselló, Paulina Guillem y Ramón Quiñonero, aportaron ante el juez extractos bancarios de transferencias realizadas, supuestamente, por la denunciada.

Asimismo, entregaron al juez un documento donde la denunciada reconoce su deuda con la Confederación de Vecinos de Balears, aunque no especifica la cantidad de la deuda que asume. También, el juez tiene en su poder un documento expedido por la tesorera de la entidad, en el que expone que nunca autorizó la realización de transferencias electrónicas bancarias. La auxiliar administrativa denunciada por los vecinos también realizaba tareas administrativas para la Asociación de Vecinos de Son Rapinya, presidida por Rafael Pons, quien también sospecha que se realizaron transferencias bancarias no autorizadas. El presidente de la Federación de Vecinos de Felanitx, Joan Mestre, confirmó a Ultima Hora el alcance de la denuncia por una supuesta apropiación indebida contra la empleada. «Sólo queremos averiguar la verdad, por eso pusimos el asunto en manos del juez», explicó.

Los presidente de las distintas federación de vecinos de Balears conocieron los hechos en una asamblea extraordinaria celebrada el pasado 18 de junio, y las reacciones no se hicieron esperar. Mientras los representantes de Eivissa se sintieron «engañados» al conocer que el saldo de tesorería no era el que esperaban, los de Felanitx insistieron en que algunos cargos deberían haber presentado su dimisión. Los denunciantes esperan que las primeras diligencias judiciales permitan conocer el alcance exacto de la posible apropiación indebida cometida, supuestamente, por la empleada. Sus cálculos se sitúan en 30.000 euros, pero esa cantidad puede aumentar, según los dirigentes vecinales.