Todo el tráfico marítimo nacional de línea regular exceptuando el
interinsular es sometido desde ayer a controles de pasajeros y
mercancías, tal y como sucede con el internacional, de acuerdo con
lo estipulado en el nivel 1 del reglamento relativo a la Mejora de
la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias de la
Unión Europea.
En virtud de esta normativa, la Policía Portuaria y la Guardia
Civil controlan el acceso de los pasajeros y sus equipajes mediante
escáner y examinar de forma aleatoria los coches y camiones que
embarquen en todas las rutas españolas. Las navieras solicitan a su
vez el DNI como requisito para la expedición de la tarjeta de
embarque, tal y como sucede en los aeropuertos, mientras que los
agentes de la Guardia Civil pueden hacer lo propio en el momento
del embarque.
Estas medidas, que obligarán a los pasajeros a acudir a las
terminales con unos 45 minutos antes de su salida, han sido
introducidas de forma gradual en los puertos de Balears desde el
año 2003 en los tráficos nacionales e internacionales, producto de
las resoluciones del Comité de Seguridad Portuària constituido en
su momento por la Autoritat Portuària de Balears, Policía Nacional,
Guardia Civil, Govern balear, y Administración de Aduanas.
El presidente de la Autoritat Portuària de Balears, Joan Verger,
afirmó que no se produjo ninguna incidencia en los puertos de Palma
y Maó como consecuencia de la aplicación de estos nuevos controles
en los tráficos españoles de línea regular, aunque indicó que en
Eivissa todavía se están realizando obras de cerramiento de las
zonas restringidas, tal y como sucede en Alcúdia. Destacó que las
dificultades operativas se producirían en caso de que el Ministerio
del Interior obligase a la Comunitat Autònoma a aplicar los niveles
dos y tres de seguridad, «entonces sí que habría serios problemas
para cumplir con ello», afirmó.
Verger afirmó que la Autoritat Portuària no ha tenido que
ampliar sus medios de seguridad -escáneres- ya que los adquirió
hace dos años para realizar los controles sobre el tráfico de
cruceros turísticos. Cabe recordar también que la Autoritat
Portuària inauguró a finales de año pasado unas instalaciones para
el personal policial encargado del control de equipajes, de 100
metros cuadrados, en la Estación Marítima 2 del Port de Palma, que
costaron 250.000 euros.
Verger destacó por último que las labores de vigilancia se
desarrollarán mediante la colaboración de la Autoritat Portuària de
Balears, el Ministerio del Interior y las Fuerzas de Seguridad del
Estado.
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