El consejo asesor de cogestión de los aeropuertos de Balears
mantuvo ayer una nueva reunión para terminar de perfilar el
documento de mínimos que servirá de base para que el Govern negocie
con el Gobierno central el modelo de gestión de esas instalaciones
en Mallorca, Menorca y Eivissa.
Pese a la buena voluntad de los integrantes de la plataforma
-Govern, patronales, compañías aéreas, agencias de viaje,
sindicatos, negocios establecidos en los aeropuertos, «handling»,
Cámara de Comercio, consells insulares y ayuntamientos-, el futuro
modelo de gestión de los aeropuertos de las Islas sigue enfrentando
a empresarios y sindicatos.
Comisiones Obreras fue la primera en renunciar a formar parte de
esa plataforma al entender que el Consejo Asesor «es un auténtico
lobby de presión frente al Gobierno central y a AENA», y ayer, UGT
avisó que no secundará un modelo público de gestión privada de los
aeropuertos de Balears, según anunció a Ultima
Hora la integrante de la Ejecutiva de ese sindicato,
Teresa Granel.
«Nosotros defendemos un modelo como el actual, es decir, de
gestión pública y nos aterra de que se pueda imponer el criterio de
las compañías aéreas, que cada vez desplazan a un mayor número de
representantes a estas reuniones», afirmó. Dos de los directivos
del sector turístico presentes en la reunión, Alvaro Middelman,
director general de Air Berlín, y Jaume Bauzá, presidente de Aviba,
reiteraron que el objetivo es «hacer más competitivos a los
aeropuertos de las Islas y ofrecer un mejor servicio a empresas y
usuarios».
Como se sabe, el Govern propondrá al Ministerio de Fomento un
sistema de cogestión de los aeropuertos de Balears basado en la
constitución de sociedades anónimas participadas por AENA, el
Ejecutivo balear, consells insulars, ayuntamientos y la posible
entrada de capital privado.
El Govern plantea la constitución de una o tres «sociedades
aeroportuarias» para cada uno de los aeropuertos de Balears y el
mantenimiento de AENA como un sociedad holding «cohesionadora».
Propone vehicular la participación de las administraciones
territoriales y de los agentes económicos y sociales de Balears en
los órganos de dirección o en el capital social de estas entidades,
que quedarían abiertas a la participación privada de una forma
minoritaria.
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