El Gobierno, a través del Ministerio de Administraciones Públicas
que dirige Jordi Sevilla, ha llegado a acuerdos con diez
Comunidades Autónomas para la retirada de 85 recursos ante el
Tribunal Constitucional (TC), cerca de un tercio del total de
recursos planteados (298) al inicio de la legislatura. Ninguno de
los recursos retirados afecta a Balears, que tiene siete leyes
pendientes del dictamen del Tribunal Constitucional. Por su parte,
la Comunitat ha recurrido ante el Constitucional seis leyes
aprobadas por el Gobierno central.
Según un comunicado del MAP, esta reducción de la conflictividad
se sustenta en el objetivo político del Gobierno de pasar «de un
periodo de confrontación entre Administraciones a otro marcado por
la cooperación».
Así, el Ejecutivo ha retirado durante estos meses 27 recursos
ante el TC contra nueve Comunidades Autónomas (Andalucía,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Asturias, País Vasco, Aragón,
Navarra, Canarias y Extremadura). Por su parte, ocho de éstas
(Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Asturias y Madrid) han retirado un total de 58
recursos en ese mismo periodo.
Todos esos recursos retirados corresponden al total acumulado
durante las últimas legislaturas, ya que en la actual se han
presentado 19 nuevos litigios, cinco por parte del Estado y 14 de
las CCAA.
Estas cifras, según Administraciones Públicas, contrastan con
los 217 recursos planteados en la legislatura precedente (51 del
Gobierno y 166 de las Comunidades).
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