Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ya
habían dejado bien claro que no estarían dispuestas a subir los
impuestos de eletricidad y gasolina para subsanar la financiación
de la sanidad pública, algo que el Ejecutivo de Zapatero propuso,
trasladando el peso de una impopular subida de impuestos a cada una
de las comunidades.
Ayer los consejeros de Hacienda del PP plasmaron su negativa a
la idílica solución de Zapatero en una alternativa sobre el gasto
sanitario y su financiación, que presentaron en la reunión del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebró por la
tarde.
Los populares lo tienen claro: quieren que el Gobierno central
aporte un mínimo de 1.800 millones de euros en dos años (casi el
doble de lo que propone Zapatero) para restablecer el equilibrio
inicial del sistema y no subir los impuestos, punto clave para
todos los partidos.
Cualquier propuesta, venga de donde venga, que suponga dejar los
impuestos como están (y ya son suficientes para los ciudadanos)
siempre se verá con buenos ojos, aunque queda por saber y concretar
de qué partidas sacará el Ejecutivo esos 1.800 millones de euros
que propone el PP para subsanar las deficiencias sanitarias.
La propuesta del PP incorpora un punto en el que se destaca la
importancia de tener en cuenta la población real de las
comunidades, su edad y el hecho insular. De hecho, la sanidad
pública balear ha acumulado un déficit sanitario desde 2001 por un
incremento de población no contabilizado. El presidente balear,
Jaume Matas, podrá presentar sus exigencias en la Conferencia de
Presidentes que se celebrará el sábado en el Senado. La reunión de
ayer fue más técnica que decisiva.
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