El atentado con furgoneta bomba del pasado sábado ha vuelto a
reabrir el debate entre las fuerzas políticas sobre la estrategia
antiterrorista y sobre las posibles negociaciones del Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero para acabar con la violencia de la
banda ETA. Tras la explosión, las críticas del Partido Popular no
se han hecho esperar y Àngel Acebes acusaba directamente al
Ejecutivo de dar alas a los terroristas. No es en absoluto positivo
que se haya producido una ruptura más que evidente entre las dos
principales formaciones políticas del Estado en esta materia.
La legitimidad de Rodríguez Zapatero para establecer posturas
que permitan un final de la violencia etarra es indudable. Es más,
es absolutamente imprescindible, aunque, eso sí, debe hacerlo desde
la máxima responsabilidad y con total discreción. El PP se equivoca
al intentar polemizar sobre una cuestión que requiere de la unidad
de todos los demócratas.
Ahora bien, hasta el momento se produjeron dos treguas que
resultaron ser una trampa y el estallido del artefacto de Àvila
deja bien a la vista que la banda tiene aún capacidad operativa
suficiente para continuar con sus acciones.
Por ello, y tal y como recoge la resolución que fue aprobada en
su día por el Congreso de los Diputados, es imprescindible el
abandono total de las armas. Si esto no es así, seguiremos
sometidos al chantaje de los violentos. Y no se trata de ceder,
sino de buscar una salida válida en el marco del Estado de Derecho.
Evidentemente no es una tarea fácil y, para ello, habría que volver
a conseguir un entorno de unidad. Lo cierto es que el camino
emprendido, visto lo sucedido el fin de semana, puede estar
salpicado de múltiples obstáculos.
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