El Govern pondrá en marcha en 2006 los bonos para los mayores sin plaza en residencias

El proyecto de la Conselleria de Presidència se ha desarrollado paralelamente al macroplan para construir 15 residencias de tercera edad en Balears. A pesar de que la oferta en residencias públicas aumente con 1.500 plazas, el envejecimiento progresivo de la población obliga a tomar otras medidas.

El «bono residencia» permitirá financiar una parte del coste que suponga el ingreso de una persona mayor en una residencia privada de la tercera edad. En principio, el Govern sólo dará este bono a las personas que cumplan los parámetros necesarios para entrar en cualquier residencia pública pero que, por falta de plazas, no tenga derecho a ella. Los primeros bonos podrían entregarse a partir de la segunda mitad del año 2006, según fuentes de la Conselleria de Presidència. Con el «bono residencia», la persona beneficiaria pagará a la residencia privada la misma cantidad económica que abonaría si ingresase en un centro público, es decir, el 75 por ciento de su pensión. La diferencia la aportaría el Govern. En el caso de las personas mayores asistidas, el Ejecutivo tendría que aportar un «bono residencia» que podría superar los 1.200 euros al mes. El coste que tiene atender a una persona asistida puede llegar a alcanzar los 1.800 euros mensuales, de los cuales sólo una pequeña parte la aportaría el propio beneficiario. La Conselleria de Presidència debería estudiar caso por caso y priorizar en función de las disponibilidades económicas.

Un presupuesto inicial
El Govern que preside Jaume Matas podría destinar el próximo año una partida de 1 millón de euros para este proyecto, aunque los cálculos definitivos no están cerrados. Las partidas y los beneficiarios aumentarán año tras año, según las previsiones que están en fase de estudio en la Conselleria de Presidència. Será un sistema similar al «bono guardería», cuyas partidas se incrementarán en cada presupuesto y que se han concedido a los beneficiarios en función de sus ingresos económicos. Paralelamente, el Ejecutivo tiene pendiente reformar la Ley de Acción Social aprobada en 1987. Dicha ley prohíbe cualquier relación entre los servicios sociales de carácter público con las entidades que tengan ánimo de lucro.

82,75 millones. Éste es el presupuesto global de la Conselleria de Presidència, lo que supone un incremento de un 6,6 por ciento respecto al actual ejercicio. Además, Presidència se ha quedado sin la Direcció de Cooperació, que se ha integrado en la Conselleria d'Immigració.

Centros. La Direcció General de Serveis Socials gestionará 37,48 millones de euros. La construcción de residencias geriátricas, la creación de centros especializados para discapacitados y enfermos de alzhéimer y de centros de día supondrá un gasto superior a los 8 millones de euros.

Consells. El departamento que dirige la consellera Rosa Puig ha previsto para el próximo ejercicio destinar 3,5 millones de euros a los consells para el concierto de 290 nuevas plazas para personas con discapacidades y otros 1,5 millones para el concierto de nuevos servicios.

Comparecencias. Los miembros del Govern comenzarán a comparecer la próxima semana para explicar con detalle el contenido de sus presupuestos. La primera en comparecer será la vicepresidenta, Rosa Estarás. El resto de consellers explicarán sus cuentas en las próximas dos semanas.