Josep Maria Aguiló08/11/05 0:00
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El pleno extraordinario celebrado ayer en Cort para aprobar de manera inicial los presupuestos municipales de 2006 estuvo marcado, en gran medida, por la polémica suscitada el pasado fin de semana con la demolición del puente de Gaspar Bennàssar por parte de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports. Antes del inicio del pleno, el portavoz del PSOE, Antoni Roig, pidió a la alcaldesa de Palma, la popular Catalina Cirer, que se incluyera en el orden del día la posibilidad de poder debatir sobre el desmontaje del puente, mientras que el portavoz de EU-EV, Eberhard Grosske, pidió que el pleno se interrumpiese, para que, igualmente, se pudiera debatir sobre este punto. Previamente, Grosske había colocado sobre los atriles de los escaños de la coalición rojiverde restos de marés del puente.

Cirer rechazó la primera posibilidad, ya que el reglamento sólo la permite cuando se celebra un pleno ordinario, y también la segunda, al considerar que no venía justificada por una razón de especial urgencia. En ese momento, los representantes de la Plataforma pel Parc de les Vies que habían acudido a Cort abandonaron el salón de plenos, así como los concejales del PSOE, EU-EV y el PSM, con la excepción de sus portavoces, quienes dedicaron parte del tiempo del que disponían para debatir sobre los presupuestos a criticar al equipo de gobierno en relación a la retirada del puente, al entender que era corresponsable de la misma.

En la antesala del salón de plenos, la presidenta de la plataforma, Àngels Fermoselle, leyó la intervención que, en principio, habría leído en el pleno. «No queremos explicaciones, porque todas serán mentira», dijo, y acusó al equipo de gobierno de «incapacidad» para «escuchar a las personas». «La destrucción del puente podría haberse evitado, éste es el gran drama de hoy», añadió. Más adelante, indicó que «esta pérdida irreparable tiene que servir para que la alcaldesa rectifique radicalmente su actitud», y pidió a Cirer que consensúe «las decisiones vitales para el futuro de esta ciudad». «Los ciudadanos tenemos la obligación de proponer, participar y velar para que se respeten los bienes comunes para el futuro. Esto es lo que está haciendo la plataforma y lo que continuaremos haciendo», concluyó.