P. Candia22/11/05 0:00
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La titular del juzgado de instrucción número cinco de Palma, Ana San José Cabero, ha decidido rebajar de 94 (15.660.000.000 pesetas) a seis millones de euros (1.000 millones de pesetas) la fianza para los acusados en el «caso Royaltur», la querella por un supuesto delito de estafa instado por el empresario Jaume Moll. La juez estima en su auto «proporcionada» la cifra de seis millones de euros con el objetivo de garantizar las responsabilidades pecunarias que se pudieran derivar en el juicio que tendrá lugar próximamente en la Audiencia Provincial de Palma. La juez estima así parcialmente los recursos de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal y por la representación de Ayco Grupo Inmobiliario (antes Inmobiliaria Alcazar SA), Banca March, Simon Galmés y Antonio Mascaró (ex directivos de Banca March), así como contra los responsables de la inmobiliaria de Sa Nostra, Juan Piguillem y Juan Bautista Llorens.

A pesar de la importante rebaja de la fianza, los recurrentes tienen previsto presentar recurso de apelación en los próximos días contra la resolución ante la Audiencia Provincial de Palma, según confirmaron a este diario fuentes de las defensas de los imputados. El empresario Jaume Moll, defendido por el abogado Rafael Perera, les acusa de un delito de estafa y por haberle dejado uno sólo de sus doce hoteles que formaban parte de su patrimonio valorado en más de 35.000 millones de pesetas. La juez recoge en parte en su auto las argumentaciones de los querellados y el Ministerio Fiscal de que la primera fianza no responde al perjuicio cifrado por la acusación particular. Este perjuicio (que estima por el dinero que habría dejado de ingresar el Grupo Moll después de la pérdida de los hoteles) recoge la diferencia entre el importe activo neto patrimonial (18.000 millones de pesetas) y el importe recuperado (2.340 millones de pesetas), pues, además de que existen otras valoraciones del activo patrimonial, el pasivo ascendía a 14.257.819.909 pesetas, los accionistas de Royal Resort percibieron los mencionados 2.340 millones y fueron liberados también de préstamos por importe de 2.700 millones de pesetas.

La juez considera «proporcionados» los seis millones de euros para garantizar esas responsabilidades pecunarias que en su día pudieran declararse, posibles intereses legales y costas, pues estima que, para el caso de que se demostraran y se declararan unos perjuicios superiores, el responsable civil subsidiario (Banca March, SA) tiene una suficiente y acreditada solvencia.