Cardona insiste en que el Gobierno quiere liberalizar el comercio

El artículo 14 de la propuesta de Directiva Europea de Servicios establece que los Estados miembros no supeditarán el acceso a la actividad de servicios en sus territorios, entre otros supuestos, «a la aplicación, caso por caso, de una prueba económica consistente en supeditar la concesión de la autorización a que se demuestre la existencia de una necesidad económica o de una demanda del mercado, a que se evalúen los efectos económicos de la actividad o que se haga una apreciación de si ésta actividad se ajusta a los objetivos de programación económica fijados por la autoridad competente».

El conseller recuerda que la Ley de Comercio balear prevé que el Govern lleve a cabo la mayoría de estos procedimientos para resolver la concesión o no de licencias de apertura a «grandes establecimientos comerciales», por lo que indica que su prohibición supone una violación de las normativa autonómica. Josep Juan Cardona subraya que la plasmación de esta Directiva Europea en el Plan de Comercio Interior del Estado, los cuales todavía no han sido aprobados, relega el sistema de licencias autonómicas a supuestos de interés general, ordenación territorial, protección del medio ambiente o de los consumidores, pero no permite justificar la concesión o no de autorizaciones en base a la planificación económica y protección del pequeño y mediano comercio tradicional.