Todas las obras y planes urbanísticos que se ejecuten en Balears
deberán contar con un auditor ambiental que se encargará de
certificar que la obra ha cumplido todas las disposiciones
ambientales necesarias para reducir al máximo el impacto de la
obra. Es una de las propuestas más relevantes del anteproyecto de
ley de Evaluaciones de Impacto Ambiental, que ayer aprobó el
Consell de Govern a propuesta del conseller de Medi Ambient, Jaume
Font.
El texto al que dio el visto bueno el Ejecutivo completa la
actual legislación con otras disposiciones novedosas. Una de ellas
se refiere al apartado de las sanciones. En primer lugar, las
empresas que realicen proyectos que deban someterse a una
evaluación de impacto ambiental deberán depositar una fianza para
garantizar el cumplimiento de las disposiciones ambientales
exigidas. La fianza se les devolverá cuando la Administración
compruebe que se han seguido todos los protocolos.
También es una novedad la posibilidad de que aquellas entidades
que sean sancionadas por no cumplir las disposiciones de impacto
conmuten la sanción a cambio de realizar actividades de
regeneración ambiental. Es decir, que en lugar de pagar la multa al
Govern, podrán gastar la misma cantidad en la regeneración de un
bosque, de un sistema dunar o de una pradera de posidonia, tal y
como explicó el conseller de Medi Ambient. Esta medida se ha
bautizado con el nombre de «prestación ambiental sustitutoria».
Otra medida muy importante es la obligación de que todos los
planes urbanísticos se sometan a la evaluación de impacto
ambiental. Esta exigencia tendrá efectos en todos los ayuntamientos
de las Islas, que en estos momentos están en fase de adaptación de
sus planes generales a las disposiciones del Plan Territorial de
Mallorca. Es decir, que antes de recibir el visto bueno del
Consell, todos los planeamientos municipales deberán someterse a un
estudio de impacto ambiental.
En la reunión que ayer celebró el Consell de Govern se aprobó
además un importante decreto medioambiental. Se trata de la
aprobación definitiva del listado de zonas protegidas de las Islas
que tienen la consideración de Lugar de Interés Comunitario (LIC) o
Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).
Tras haber sometido el documento a la fase de exposición
pública, el decreto aprobado ayer amplía los espacios que en su día
determinó el Pacte de Progrés. En 2000 las zonas declaradas LIC o
ZEPA sumaban 170.745 hectáreas. Con el documento aprobado ayer a
propuesta de Jaume Font, el número de hectáreas protegidas llegará
a 204.290, casi un 20 por ciento más.
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