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Las revueltas juveniles en Francia vuelven a estar al orden del día. Si hace unos meses fue el descontento de la segunda generación de inmigrantes que residen en los extrarradios de las ciudades galas, ahora son los universitarios quienes han tomado las calles a raíz de una polémica reforma laboral que permite despedir sin necesidad de justificación alguna a los menores de 26 años en los primeros 24 meses de contrato. La suavización de la posición del primer ministro, Dominique de Villepin, no parece suficiente para calmar los ánimos de sindicatos y estudiantes, que lo que quieren es la retirada definitiva de la ley.

Todo apunta a que va a ser necesario algo más para evitar que Francia se vea abocada, de nuevo, a algo similar al Mayo del 68, lo que llevaría, inevitablemente, a plantear nuevos modelos políticos y económicos.

Por el momento, la primera consecuencia de esta crisis es el debilitamiento de la popularidad de Villepin en favor de Nicolas Sarkozy dentro del centro derecha y un fortalecimiento de los socialistas galos.

Es evidente que existen diferencias enormes entre lo que sucede en París y la realidad española, sometida a otros ritmos e inmersa, en estos momentos, en el proceso abierto tras el alto el fuego de ETA. Aunque no es descartable que una más que necesaria reforma del mercado laboral pueda abocar a situaciones de conflicto si no se hace con el acuerdo de todos los agentes sociales, no parece probable que el caso francés tenga consecuencias directas en el resto de los países europeos.

Sin embargo, sí es preciso tener en cuenta que existe una influencia directa de la situación de cualquier Estado miembro en el desarrollo económico y político de la Unión, lo que hace imprescindible estar vigilantes ante lo que pueda acontecer.