Parece el guión disparatado de un director de cine italiano de
los años cincuenta, pero es la más pura y dura realidad, aunque
mueva a risa. La policía irrumpe en el Ayuntamiento de Marbella y
lleva a cabo una redada, llevándose detenidas nada menos que a
veinte personas, entre ellas la alcaldesa, heredera del partido que
fundó el fallecido Jesús Gil, además de abogados y concejales.
Los delitos que se les presupone son, claro, relacionados con la
corrupción, que parecía haberse impuesto en la Administración local
de la joya más brillante de la Costa del Sol. Malversación de
caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y maquinación
para alterar el precio de las cosas son los delitos que se les
imputan a los detenidos, que están relacionados con negocios
inmobiliarios y presunto blanqueo de dinero.
Lo cierto es que el sentir general a la hora de conocer la
noticia ha sido el elocuente «ya era hora», porque el hecho de que
la corrupción campara a sus anchas por Marbella era vox populi
desde hacía décadas y aunque Jesús Gil, verdadero promotor de este
tipo de entramados para esquilmar el territorio y enriquecer a unos
cuantos constructores y políticos, pasó varias temporadas en la
cárcel, el «negocio» no cerró en ningún momento, hasta esta nueva
intervención de las autoridades judiciales.
Hoy la Fiscalía Anticorrupción ha decidido volver a poner sus
ojos en el «cortijo» marbellí para zanjar el asunto de una vez por
todas y en esas está, porque la operación sigue abierta. Lo triste
del caso es que esta Corporación municipal que presidía Marisol
Yagüe, igual que las anteriores -sobre las que también pesan un
montón de condenas- gozaban del favor popular traducido en miles de
votos.
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