EUGENIO RODRÍGUEZ31/03/06 0:00
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La sociedad ibicenca vive en un estado de convulsión desde hace dos meses a causa del movimiento de oposición a las obras de ampliación de las carreteras del aeropuerto y Sant Antoni. El Govern se puso las pilas al principio de la legislatura para ejecutar estos macroproyectos antes de la siguiente cita con las urnas y saldar así «una deuda histórica con las Pitiüses», con o sin la ayuda económica del Gobierno. Un grupo de ciudadanos de Sant Rafel creó acto seguido la Plataforma Antiautopista, colectivo que en estos tres años ha convocado hasta tres manifestaciones.

De todos modos, dada la trascendencia de los últimos acontecimientos, casi se podría prescindir de lo que ha sucedido de un tiempo a esta parte y afirmar que todo empezó el pasado 25 de enero. Ese día, un contingente de 32 agentes de la Guardia Civil retiró a la fuerza por primera vez a un grupo de antiautopista que se concentró a primera hora de la mañana en la finca de Pere Torres, Casetes, en Sant Jordi, para evitar el paso de una pala excavadora de la constructora de la autovía del aeropuerto. En la fotografía de portada de los periódicos locales del día siguiente aparecía el eurodiputado Bernat Joan sacado en volandas por tres agentes. Era el preludio de lo que estaba por venir, con despliegues policiales de agentes antidisturbios nunca vistos en esta isla para evitar el boicot a las obras, operaciones que por el momento se han saldado con 25 detenciones.

Del terreno de Pere Torres, la resistencia se desplazó apenas una semana después a las finca de Ca na Palleva, cuya casa rural se ha convertido en el símbolo del movimiento antiautopista, y donde a diario se vienen concentrado grupos de personas dispuestos a hacer frente a las máquinas. El Govern está a la espera de obtener una autorización judicial para derribar esta vivienda, en cuyo solar se contempla construir uno de los enlaces de la autovía del aeropuerto.

Mientras tanto, en plena ebullición del conflicto, en estos dos meses se han sucedido, además, una multitudinaria manifestación ciudadana y una revuelta estudiantil, agravada con la denuncia presentada por el Consell Insular ante la Conselleria d'Educació por la supuesta manipulación del alumnado, lo que motivó la apertura de una investigación, cerrada recientemente sin consecuencias.