C.Agustín22/05/06 0:00
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Hasta 1.000 personas participaron ayer en VI Diada per l'Educació Pública, en el Parc de la Mar, celebrada de 10.00 a 18.00 horas. Las entidades representativas del colectivo de profesores, padres y alumnos, a través de un manifiesto unitario, reclamaron un aumento de hasta el 6 % del PIB en la financiación de la educación pública y denunciaron las políticas educativas encaminadas a la «degradación intencionada del sistema educativo público y la privatización del mismo».

Los firmantes del escrito denunciaron que los decretos y órdenes que ha dictado la Conselleria d'Educació «no han sido bien recibidos ni por la mayoría de los sindicatos ni por las organizaciones representativas de la comunidad educativa».

La Federació de Pares i Mares d'Alumnes de Mallorca (Fapa), el Sindicat de Trabajadors i Treballadores de l'Ensenyament (Stei), la Federación de la Enseñanza de CCOO en Balears y el Sindicat d'Estudiants de Balears, entre otros, fueron los firmantes de un manifiesto unitario en el que, como medida principal, reclaman que el Govern destine el 6% del PIB a la enseñanza pública, frente al 3,5% que invierte en la actualidad, con el fin de reconocer que la enseñanza es «la primera prioridad de las políticas de nuestras administraciones públicas».

Fapa destacó su preocupación por la calidad educativa y lingüística en Balears y afirmó que «estas medidas introducen conceptos ideológicos partidistas en la educación».

La lista de temas que, hoy por hoy, enfrenta al colectivo de representantes de la enseñanza pública y al Govern engloba la orden de libre elección de lengua en la primera enseñanza, el decreto de homologación del catalán de Secundaria y Bachillerato, el decreto de admisión de alumnos, así como el futuro decreto de trilingüismo, al que no se oponen siempre que «respete el decreto de mínimos, que asegura un 50% de enseñanza en catalán», al tiempo que reclamaban un buen plan de formación del profesorado para hacer frente al cumplimiento de la norma. La orden de creación de plazas escolares en los centros concertados «más elitistas» o la subvención de un millón de euros para plazas concertadas, son otros de los temas que cuestiona los representantes de la escuela pública.