El sábado las calles más céntricas de Madrid se llenaron de ciudadanos que clamaban al Gobierno para que detenga ese proceso de negociación que se anuncia con la banda terrorista ETA. Convocadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y amparadas por el Partido Popular, miles de personas exigieron la dimisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el fin del diálogo que, a su entender, va a terminar con la rendición del Estado a las exigencias de los criminales.
Sin duda el nivel de crispación era elevado, y así pudo comprobarlo incluso Alberto Ruiz Gallardón (del PP), alcalde de Madrid, increpado por criticar a algunos comentaristas radiofónicos que destacan por el extremismo conservador de sus opiniones.
Al final, de experiencias como ésta se extrae siempre la misma conclusión: el interés de los dos grandes partidos políticos por radicalizar sus posiciones y diferenciarse del otro. Es lógico, en cierta manera, cuando nos hallamos en la cercanía de una cita con las urnas. Pero no ahora, y no, desde luego, en determinados asuntos.
Porque hay cuestiones de tipo ideológico en las que es necesario que cada uno marque su territorio, de modo que no podemos esperar que socialistas y populares coincidan, por ejemplo, en su política económica o social. Pero luego están los asuntos de Estado, que están por encima de todo eso. El terrorismo es uno de ellos, quizá el más importante.
La oportunidad de vencer a ETA, de lograr que entregue las armas y de que la izquierda abertzale se integre en la sociedad civil es algo histórico, fuera de la órbita de las rencillas partidistas, y así deben comprenderlo al menos los líderes de los dos grandes partidos, que son, además, los que presumiblemente se alternarán en el Gobierno.
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