Esta exigencia se fundamenta en el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución Española y necesita aclarar en todo caso el alcance derogatorio de la norma proyectada o la afectación sobre las anteriores disposiciones vigentes en el momento en que sea aprobada.
Según el máximo órgano asesor en materia jurídica, el Decreto no especifica los efectos que tiene sobre el Decreto 125/2000 que se establece la ordenación general de las enseñanzas de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria obligatoria.
Tampoco se especifica cómo quedan los decretos 119 y 120/2002, que aprobaron los reglamentos orgánicos de los centros de educación primaria y los institutos; y los decretos 66 y 67/2001, por los cuales se establece el currículum de la educación infantil y primaria; y el 86/2002, relativo al currículum de la educación secundaria obligatoria en Balears.
No se detienen aquí los reproches que formula el consultivo al conseller Fiol, a quien se critica no haber redactado una previsión económica como es debido para la aplicación del Decreto de Trilingüismo.
Por lo visto, el Ejecutivo no ha seguido estas dos recomendaciones del Consultiu en el Decreto que se publicará en el BOIB la semana próxima.
Diversas organizaciones ya han anunciado que interpondrán un recurso al considerar ilegal la medida.
Aunque no tiene carácter esencial, se le reprocha que haya ocultado al Consultiu «el resultado de las reuniones explicativas llevadas a cabo el 22 de febrero de 2006, lo que las convierte en inútiles e irrelevantes a efectos del cumplimiento del trámite de audiencia».
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