J. L. Ruiz Collado19/06/06 0:00
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Toda la oferta de alojamiento de viviendas vacacionales existentes en las Islas, en torno a unas 5.000, tiene de plazo hasta mediados de septiembre para cumplimentar todos los requisitos establecidos por el Govern con el fin de obtener la certificación de calidad, que les garantizará el poder continuar operando dentro de un marco legal, fiscal y turístico. La elaboración del Decreto regulador de la Ley de comercialización de estancias turísticas en viviendas (22 de marzo de 2005), en este sentido, ha sido la pieza clave para acotar esta oferta y evitar que se sigan produciendo situaciones de fraude fiscal y de competencia desleal con la oferta de alojamiento reglada en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

La propia Asociación de Viviendas Vacacionales instó, asimismo, al Ejecutivo autonómico a que actuara con la máxima celeridad, «puesto que se necesita una tranquilidad jurídica». En todas las Islas existen un total de 5.000 viviendas vacacionales, de las cuales unas 1.200 se encuentran ubicadas entre Pollença y Artà. Desde la Conselleria de Turisme rebajan la cifra global a unas 1.300, que suponen unas 5.000 plazas de alojamiento.

Pese al elevado número de viviendas vacacionales, no todas ellas podrán seguir con su actividad, especialmente porque para obtener la certificación de calidad deberán pasar una inspección turística y una auditoría. «La auditoría será periódica, para así poder controlar esta oferta de alojamiento desde todos los puntos de vista, al margen de las actuaciones que se hagan en materia de inspección y seguimiento de todos los canales de comercialización de las viviendas vacacionales en el extranjero, Internet y en el sector inmobiliario», apuntan desde Turisme.

Para el conseller Flaquer, «toda esta normativa permitirá no sólo regular una actividad que hasta ahora había estado huérfana de legislación, sino que también facilitará que emerja una oferta turística que aglutina un buen número de viviendas».

Los requisitos para poder ser regularizadas, es que deben ser viviendas unifamiliares, estar en un entorno aislado y no tener más de cuatro habitaciones. ««Estos requisitos son fundamentales para evitar la legalización de una oferta de alojamiento que opera desde hace años sin control alguno y que provoca un flujo turístico ilegal, compitiendo deslealmente con la oferta turística homologada. El registro establecido para tener perfectamente controlada su actividad, tanto en su faceta turística como fiscal, que era una de las cuestiones prioritarias que demandaba la oferta legalizada», puntualizan desde Turisme.