En materia de transporte aéreo, el Informe 2005 recoge una gran parte de quejas procedentes de no residentes de la UE en Balears que no pueden disfrutar de las bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo, regulado en el Real Decreto 1316/2001 de 30 de noviembre. Por ello solicitan al defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que atienda a su petición para disfrutar de los mismos beneficios que los ciudadanos del Archipiélago.
A este respecto, figura una recomendación por parte de esta institución dirigida a la Secretaria General de Transportes del Ministerio de Fomento en el que pide expresamente «la inclusión de los conyuges de ciudadanos españoles y comunitarios residentes en la comunidad autónoma de Balears» en el Régimen de Bonificaciones de Transporte Aéreo y Marítimo.
En materia de administración de justicia y concretamente de infraestructuras penitenciarias, el Defensor del Pueblo se hace eco de las inversiones aprobadas por el Gobierno en diciembre de 2005 para «crear un entorno más adecuado para el desarrollo de los hijos de reclusas menores de tres años». A este respecto señala que está previsto construir en Balears una unidad de madres internas con hijos menores de tres años para que puedan permanecer juntos pero separados de las prisiones.
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