La sentencia del Tribunal Supremo sobre el «caso Bitel» ha puesto punto y final a un conflicto judicial sobre el cual se han escrito páginas y páginas durante muchos años. El Supremo ha sentenciado que ni el funcionario Sebastián Vallori ni Francisca Pascual, secretaria del president del Govern, cometieron un delito de descubrimiento y revelación de secretos cuando fue desviado el correo electrónico del socialista Francesc Quetglas al Consolat de Mar. No hay, por lo tanto, ningún delito. Ahora bien, el Tribunal Supremo entiende que las «comunicaciones del querellante -Francesc Quetglas- fueron interferidas de manera ciertamente ilegítimas». Aún así, ni Pascual ni Vallori espiaron ni usaron el contenido de los mensajes que se remitían al entonces presidente de la Comisión Insular de Urbanismo de Mallorca.
Editorial
«Caso Bitel»: no hubo espionaje político
06/07/06 0:00
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