La segunda fase de la «operación Malaya» ha sumado nuevas detenciones; entre ellas, la de Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella, acusado de malversación de fondos públicos y de cohecho. La detención de Muñoz era tan esperada como probable, gracias a unos antecedentes donde constan más de 20 causas pendientes con la Justicia, esencialmente por delitos contra la ordenación del territorio.
Marbella está empezando a salir del agujero negro económico y político que supuso la primera fase de la operación. Con más de 50 detenidos, la imagen de la Costa del Sol podría comenzar a recuperarse de un importante daño social que ha alcanzado las más elevadas cotas de impopularidad por el retraso injustificado de una operación que debería haber comenzado en la «era Gil».
A partir de ahora, sería conveniente que se instruyera lo más rápidamente posible el «caso Malaya» y que la Justicia dictamine cuanto antes las responsabilidades de los culpables, algo que esperan los ciudadanos y que avalarían las palabras de delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, sobre la igualdad de todos ante la Justicia. Eso es lo que espera Marbella, poder lavar su mala imagen con sentencias justas y abandonar el patético espectáculo ofrecido desde su Alcaldía, además de reembolsar a las arcas municipales todo el dinero saqueado durante años.
Marbella vuelve a estar en el punto de mira de la corrupción con las detenciones de Muñoz, el ex concejal marbellí del Partido Andalucista Pedro Pérez, y el presidente y los directores general y financiero de la empresa Aifo. España mira a Marbella con la esperanza de que finalice la «operación Malaya» y que el resultado sea ejemplar.
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