El cumplimiento de la ley del tabaco no está resultando tan fácil como preveía el Gobierno en un principio. De hecho, sólo el 40% de los locales de más de cien metros cuadrados se han adaptado a la norma y han separado físicamente las zonas de fumadores de las que no lo son.
Elena Salgado, ministra de Sanidad, está intentando por todos los medios que nadie rebaje el contenido de la ley y, menos aún, que la incumpla. Su llamamiento a que los ciudadanos denuncien a los locales que no se ajustan a la legislación es una muestra de las dificultades que conlleva la aplicación de la norma. Si el Ejecutivo ha aprobado una ley y espera que se cumpla, debería contar con los mecanismos suficientes para desarrollarla. Lo que no puede hacer es pedir a los ciudadanos que se conviertan en agentes del Estado, cuando deberían existir vías y personas designadas por éste para vigilar el cumplimiento de la ley.
La ministra tampoco había contado con el desinterés de las comunidades autónomas a la hora de aplicar una ley en la que están en juego muchos intereses económicos y por la que nadie quiere ponerse a mal con sus votantes. Para solucionar los problemas planteados por la ley, la ministra ha relegado a un segundo plano la vía de la negociación y ha anunciado que exigirá a las comunidades que cumplan la ley, aunque no puntualizó ni cómo ni cuándo.
Deberán pasar muchos meses para que la «ley antitabaco» se cumpla en su integridad. Mientras tanto, la ministra ya ha anunciado que está trabajando en una ley similar centrada en el consumo de alcohol de los menores. Sólo falta esperar que sea de más fácil aplicación que la normativa estatal contra el consumo de tabaco.
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