El Ajuntament de Palma y el Consell de Mallorca han protagonizado esta semana dos enfrentamientos políticos de primera magnitud. De un lado, la institución que preside Maria Antònia Munar ha decidido llevar a Cort a los tribunales por una supuesta «insumisión urbanística» al adaptarse de forma unilateral al Plan Territorial de Mallorca. Por otro lado, si no hay cambio de parecer, la próxima semana se ratificará la decisión de devolver al Ajuntament el proyecto de fachada marítima, de acuerdo con el criterio de los servicios técnicos del Consell, para que subsane una serie de deficiencias.
Aunque se trata de una casualidad temporal, lo cierto es que Cort y Consell llevan meses de malas relaciones a pesar de la supuesta sintonía que existe entre los partidos que gestionan una y otra institución. Se acercan las elecciones y UM cada vez quiere demostrar con más ahínco que no es el PP. Sabe que los populares no son una buena compañía entre el electorado nacionalista a la hora de pedir su voto. Es decir, lo que está sucediendo en Palma es un desmarque estratégico de los nacionalistas ante la inminencia de las elecciones de mayo.
Pero UM debe andar con ciudado para no dar la imagen de bloqueo permanente a los proyectos del Ajuntament de Palma. Si hay deficiencias en el proyecto de fachada marítima, el Ajuntament tiene la obligación de corregirlas y presentar una propuesta adecuada, que no convierta la zona en un caos de tráfico. Y si Cort subsana los defectos, el Consell deberá también dar la máxima celeridad a uno de los proyectos estrella de Catalina Cirer. Así evitará que las decisiones técnicas puedan interpretarse de forma equivocada por parte de los ciudadanos.
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