El presidente de la Autoritat Portuària, Joan Verger, actuó correctamente a la hora de adjudicar el varadero del Moll Vell a una empresa de la que había formado parte, según un informe de la Abogacía del Estado. El informe no cierra, sin embargo, el proceso.
Verger destacó ayer que «el informe es claro, afirma que mi voto no fue determinante y, además, deja constancia de que no tenía por qué abstenerme».
Segun Verger, «ya hablaremos a partir de ahora de lo que haremos», si bien destacó que «mi actuación fue correcta» y «no tengo que presentar la dimisión por eso».
El presidente de la Autoritat Portuària recibió la comunicación el pasado viernes, según aseguró ayer a este diario, si bien se reservó su valoración. «Me han aconsejado que no diga nada», aseguró. El responsable del Puerto explicó que este es sólo un informe, el de la Abogacía del Estado, pero que todavía son precisos otros trámites.
Según la información de la Abogacía del Estado, confirmada a este diario por Verger, él no tenía por qué abstenerse en la votación. Además, considera que su voto no fue determinante ya que, pese a no haber votado, la concesión habría recaído igualmente en la misma empresa, es decir IPM3, de Juan Antonio Riutord. El grupo de Riutord y su socios han logrado, igualmente, otras concesiones, no sujetas al dictamen de la Abogacía del Estado. En este sentido, todavía está pendiente el fallo referido al puerto de Eivissa.
«Sabía que no había actuado de forma irregular, pero no es el momento de responder a las peticiones que se han hecho», dijo Verger, en lo que parece ser un intento de no dar por cerrado el caso hasta que decidan los tribunales.
De todos modos, según el presidente de la Autoritat Portuària, el informe de la Abogacía del Estado es importante como aval. El informe subraya que el pliego de condiciones de la concesión fue aprobado por unanimidad, sin que nadie planteara ninguna objeción.
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