'Vertido cero', por ahora una utopía

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha un servicio público de recogida y gestión de residuos de construcción, adjudicándolo a la empresa Mac Insular, con una inversión de 52 millones de euros y un total de ocho plantas de tratamiento en la Isla. Sin embargo, el pernicioso hábito de deshacerse de los escombros sin separar, incluyendo residuos voluminosos y peligrosos (electrodomésticos, neumáticos, pinturas, maderas, lacas, barnices, etc.) sigue plenamente vigente en la Isla. Para ello, algunos desaprensivos aprovechan antiguas canteras o crean ellos mismos el vertedero excavando en suelo rústico y tapando posteriormente con tierra todo lo depositado, sin separar, sin ningún tratamiento y con graves riesgos de contaminación en el subsuelo, en acuíferos o en la propia atmósfera por combustiones incontroladas.

El coste de esta actividad ilegal es, naturalmente, casi cero, pero esos mismos desaprensivos también aprovechan que el servicio público de tratamiento de escombros cobra una tarifa media de 51 euros por tonelada para justificar el cobro de unos 30 euros por dejar tirar residuos en su vertedero ilegal. El argumento sería el siguiente: «Mac Insular te cobra por lo legal 51 euros por tonelada, yo te cobraré sólo 30 euros». La diferencia es clara. El servicio público garantiza una gestión y tratamiento de los residuos. El segundo caso no garantiza nada, salvo un grave riesgo para el medio ambiente. El servicio público cobra por un servicio prestado. El ilegal cobra 30 euros por una actividad que, además de peligrosa, a él no le cuesta casi nada. Es, además, un abuso al «cliente». De fiscalidad, mejor no hablar.

El Consell es consciente de la situación y ha denunciado un total de 13 vertederos ilegales detectados ante la Fiscalía de Medio Ambiente, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Conselleria de Medi Ambient. De otros vertederos ilegales se está recogiendo información y documentación para presentar más denuncias.

Otra justificación para llevar a cabo esta práctica ilegal es la vigencia de un plan de restauración en los casos de antiguas canteras. Guillem Riera, director insular de Residus, afirma que «efectivamente, algunas antiguas canteras pueden tener en marcha un plan de restauración que consiste en su rellenado y la recuperación del paisaje. Pero el rellenado se debe hacer con escombros limpios procedentes de plantas de tratamiento y sin presencia de otros residuos. Y hay planes de restauración que no se están ejecutando correctamente. En algunas de esas antiguas canteras se está tirando de todo y de manera incontrolada».

Riera señala que «antes, se justificaban los vertidos ilegales en la inexistencia de un servicio público. Ahora que funciona, se dice que es demasiado caro. Lo que encarece el servicio público es precisamente que no lleguen más escombros a las plantas de tratamiento. Mac Insular está tratando al año unas 350.000 toneladas de residuos y calculamos que se producen 1,1 millones de toneladas. La diferencia va a vertedero ilegal o se tira en torrentes o cunetas. Si a las plantas de tratamiento llegasen más escombros, el servicio sería más barato».