El Govern ha abierto definitivamente la puerta a que Balears cuente de una vez por todas con polígonos energéticos de placas solares. La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia ha promovido una modificación de la Ley de Suelo Rústico para permitir que un particular o una empresa pueda instalar placas solares en terrenos rústicos para vender después la energía que producen a empresas energéticas, en este caso a GESA.
Es una práctica habitual en la península, que no podía aplicarse en Balears dado que la Ley de Suelo Rústico no incluía la posibilidad de que los terrenos rurales se utilizaran con estos fines. Para que la medida sea efectiva, primero deberá aprobarse la ley de acompañamiento de los presupuestos del año que viene, ya que es en ese texto donde se ha realizado la modificación de la Ley de Suelo Rústico.
La modificación faculta al conseller responsable de Energia a que apruebe un reglamento que determine las condiciones que deben cumplir los terrenos para que se puedan instalar placas. El reglamento determinará, por ejemplo, los metros mínimos de la parcela, la altura máxima de las placas, los metros máximos de ocupación por parcela o la implantación de barreras que minimicen el impacto visual de estas instalaciones.
La ley de acompañamiento ya establece unas limitaciones mínimas. Las placas no podrán instalarse en cualquier terreno rústico ya que deberán ponderarse «los valores naturales del área donde tengan que ser instaladas». Ello quiere decir que no podrán construirse polígonos de placas solares en zonas de máxima protección, como pueden ser las Areas Naturales de Especial Interés.
Utilidad pública
Como paso previo a la concesión de la autorización, las propuestas deberán contar con la declaración de utilidad pública. Ello comporta que, una vez obtenida, quedarán exentas de los informes que establece la ley de atribución de competencias a los consells en materia de actividades clasificadas. La autorización comportará además el establecimiento de las instalaciones por los terrenos de dominio o servicio público patrimonio del Estado, de la Comunitat, de los consells insulars o de los ayuntamientos.
En los últimos meses, la Comissió Insular d'Urbanisme ha recibido numerosas peticiones de particulares interesados en aprovechar terrenos rústicos que no tienen valor edificable para instalar en ellos placas solares y vender luego la energía a GESA. Sin embargo, el Consell ha ido dejando sobre la mesa todas estas peticiones ya que no tenía elementos administrativos para regular la concesión del interés general. Al Consell de Mallorca, en cualquier caso, siempre le ha preocupado el impacto ambiental que puedan producir unos terrenos rústicos inundados de instalaciones de estas características.
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