El llamado proceso de paz iniciado tras la declaración de alto el fuego por parte de ETA hace más de ocho meses está en uno de sus peores momentos. Tanto es así, que la vicepresidenta del Gobierno reconocía ayer en sede parlamentaria que las fuerzas de seguridad están en estado de máxima alerta después de que la banda robara hace unas semanas 350 pistolas en Francia.
La situación se complica todavía más tras el último boletín interno de la banda, en el que ampara y justifica los actos de violencia callejera, que considera lógica tras las últimas sentencias judiciales y actuaciones policiales. De hecho, la Justicia sigue actuando y ayer se sentaba de nuevo en el banquillo Javier García Gaztelu, «Txapote», acusado de matar al edil del PP Gregorio Ordóñez hace 10 años.
Los terroristas siguen justificando la violencia en pleno proceso de paz. La renuncia a ella es condición imprescindible para continuar con el proceso, como así lo aseveraba el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al asegurar que las reglas del juego no han cambiado. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como hicieron sus antecesores, tenía y tiene la obligación de buscar la pacificación definitiva y la erradicación de la violencia terrorista. Pero, siendo realistas, el camino emprendido cada vez es más tortuoso y complicado.
ETA no sólo no ha renunciado a la violencia, sino que, además, se ha rearmado e incrementado su actividad en Francia. Incluso se permite en su último boletín apoyar sin reparos la 'kale borroka'. Si a alguien hay que pedirle avances, no es al Gobierno, sino a ETA y a Batasuna, enrocados como están en sus posiciones de siempre. La firmeza del Ejecutivo es la consecuencia natural del actual estado de cosas.
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