Catalina Cirer y representantes de Cort estuvieron presentes en el pleno del Parlament. Foto: PERE BOTA
El Parlament dio ayer luz verde a la ley de capitalidad de Palma, que garantizará una inversión aproximada de 100 millones en la capital balear cada año y que permitirá la máxima independencia del consistorio a la hora de diseñar y aprobar los planes urbanísticos que se ejecuten en la ciudad. Precisamente, UM optó por abstenerse en la votación definitiva ya que, en opinión de los socios del PP, la ley «se queda a medio camino en participación ciudadana, en descentralización, y en materia de financiación». «Esta iniciativa elimina cualquier posibilidad de control del urbanismo en la capital; el Consell ya no ejercerá el control supramunicipal y Palma tendrá privilegios», defendió Dolça Mulet, diputada de UM.
Previamente, el conseller d'Interior, José María Rodríguez, defendió la ley elaborada por su departamento. «Palma, como capital, y pese a todos los servicios que presta, jamás ha exigido compensaciones, jamás ha antepuesto sus propios intereses a los de otros municipios», dijo Rodríguez, quien añadió: «La ley de capitalidad no supone para Palma el reconocimiento jurídico y económico de un rango que la sitúe por encima de cualquier otro municipio».
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