El conseller d'Interior del Govern, José María Rodríguez, dialogó teléfonicamente con el ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo dos horas antes del inicio de la «operación Voramar», en una conversación interceptada por la policía judicial a las 08.11 horas de la mañana del lunes 27 de noviembre, y en la que ambos comentaron datos concretos de esa operación. Rodríguez e Hidalgo ya sabían, a esa hora de la mañana, que dos de los implicados eran el propio alcalde y el director general d'Ordenació del Territori, Jaume Massot. También conocían que la intervención judicial se iba a desencadenar ese mismo día.
Esa grabación telefónica confirma los datos en poder de los investigadores de la trama de corrupción urbanística, que daban cuenta del conocimiento previo que Hidalgo tenía del inicio de la «operación Voramar». Así, en la declaración judicial prestada durante la tarde del día 30 de noviembre de 2006, en presencia de su letrado Rafael Perera, Hidalgo, a la pregunta «quién le avisó de la intervención judicial», manifestó que se había reunido a las 09.30 horas del día 25 de noviembre de 2006 en el Hotel Palace del Passeig Marítim con el conseller d'Interior, y éste le dijo: «Habra lío».
El fiscal Anticorrupción de Balears, Juan Carrau, afirma en su escrito que hay testigos que manifiestan que el ex alcalde de Andratx transportó diversas cajas con documentos a otros lugares antes de su detención. También, hay constancia de que arrojó a la basura documentos y archivos, todo ello, por su conocimiento previo de los acontecimientos a través de un «chivatazo». Ése es uno de los motivos por el cual el Ministerio Público solicita a la Audiencia de Palma que revoque el auto que decretó la libertad de Hidalgo y del celador municipal Jaume Gibert. El fiscal cree que ambos pueden destruir nuevas fuentes de prueba e, incluso, influir en una serie de testigos que todavía no han prestado declaración ante el juez ni la Guardia Civil. Carrau opina que Hidalgo «tiene una notable ascendencia sobre el resto de personas que trabajan en el área de urbanismo del Ajuntament d'Andratx, y sobre las personas y entidades implicadas en las obras ilegales». También, afirma, «son notables y claras las relaciones e influencias de los denunciados».
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