TW
0

El delegado del Gobierno, Ramon Socías, reivindicó ayer la importancia de la Administración central del Estado, que él dirige en Balears, y mantuvo que «no es un poder residual» en las Islas y que la reforma del Estatut d'Autonomía, que otorga más competencias al Ejecutivo balear, lejos de limitar el poder central lo acreciente.

Socías aprovechó su comparecencia anual ante los altos cargos de la Administración del Estado en las Islas para recordar el importante nivel de gestión de los diferentes departamentos que dependen del Gobierno central (Seguridad Social, Administración Tributaria, Policía y Guardia Civil, etcétera) para declarar que «todos trabajamos para la ciudadanía». El delegado mantuvo que «la Administración pública gestiona papeles pero defiende valores» y felicitó en varias ocasiones a los respresentantes del Estado por la labor que realizan en las Islas.

Muy pegado a la actualidad, aunque sin aludir específicamente al llamado «caso Andratx», Socías destacó que «no podemos tolerar que ninguna manzana podrida ponga en peligro el buen nombre de la Administración pública». «Todos los que utilizan la Administración pública en defensa de sus intereses personales, sobran», dijo.

«Queremos ser punta de lanza de una sociedad moderna», dijo en otro momento de su comparecencia.

Hasta que Socías no llegó a la Delegación del Gobierno, los cargos de la Administración Periférica -que gestionan las competencias estatales no transferidas al Ejecutivo autónomo- apenas tenían relevancia pública y una de sus primeras decisiones fue desatacar su papel y, una vez al año, reunirlos a todos con carácter simbólico.

Cerca de ochenta personas, la mayoría presentes en el acto de ayer, gestionan competencias del Estado en Balears.

Además del delegado del Gobierno y los directores de área de los ministerios, hay que incluir entre otros, al delegado de la Agencia Tributaria, el presidente de la Autoridad Portuaria, el jefe provincial de Tráfico, el jefe superior de Policía, el coronel jefe de la Guardia Civil, el jefe de la Abogacía del estado, el director provincial de la Seguridad Social, el delegado de Estadística e, incluso, el responsable balear del CNI, el «jefe» de los espías.