El Govern balear invertirá 3.195.000 euros en 2007 en planes específicos para mejorar la salud bucodental de niños y mayores de 65 años con renta baja siempre con la intención de mejorar la salud y la calidad de vida de quienes se beneficiarán de estos dos proyectos.
Por primera vez, unas 12.000 personas mayores de 65 años con renta baja -inferior a 9.000 euros- podrán disponer de prótesis dentales subvencionadas. El Govern destinará 2'5 millones de euros a éste programa que será sufragado por la Conselleria de Presidència i Esports.
La Conselleria de Salut i Consum ha presupuestado una inversión de 695.000 euros para el Programa de Atención Dental Infantil (PADI) que beneficiará a 30.000 niños de 6'7 y 8 años.
El PADI comenzó su aplicación en el año 2005 beneficiando a los niños de 6 años. La idea es incorporando a la asistencia a niños y niñas mayores, hasta llegar a los 15 años.
El funcionamiento del PADI es muy sencillo. El programa permite la elección del dentista de familia para realizar la revisión dental anual. Los padres lo podrán elegir del listado de profesionales adheridos al programa, elaborado con la colaboración del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Balears.
Los padres que quieren que sus hijos se beneficien del programa PADI deben dirigirse al dentista elegido y darle el talón de aceptación que reciben por correo. El programa incluye, de manera gratuita, una revisión anual, los consejos preventivos y las siguientes actuaciones permanentes: sellado de fisuras, obstrucción de caries, endodoncias, tratamientos bucodentales de urgencias y corrección de traumatismos de los incisivos y caninos, entre otros.
Las ayudas están destinadas a personas que perciben pensiones públicas por importe igual o inferior a la prestación anual básica de la pensión no contributiva. En este caso, los beneficiarios percibirán hasta el 80 por ciento del coste de las prótesis.
Para aquellos beneficiarios con pensiones públicas superiores a la prestaciones no contributivas, el Govern abonará el 50 por ciento del coste de las prótesis, fijando el tope en las personas que reciben pensiones con un máximo de 9.000 euros anuales.
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