El juez investiga a todas las empresas constructoras relacionadas con Hidalgo

El estudio de la numerosa documentación incautada y de los miles de documentos, ha aparecido el nombre de una empresa constructora nueva, Portucons, con domicilio en la calle Cuba, número 14 de Andratx, y cuyo administrador único es el promotor José Almeida Gonçalvez Guerra. Portucons fue citada por Hidalgo en su declaración inicial ante el juez como la sociedad que le había construido cuatro apartamentos y que, en estos momentos, se estaba encargando de su casa en Cala Moragues. Es una sociedad limitada, creada con un capital social de 3.200 euros y que da empleo a cuatro personas. Su actividad es la «construcción completa, reparación y conservación de edificaciones».

El edil explicó entonces que no tenía ninguna relación con Portucons, al tiempo que entregó un resumen de los pagos que había realizado por la construcción de los inmuebles. Esta respuesta se produjo poco después de que el principal imputado en la causa, junto al celador municipal Jaume Gibert y el ex director general d'Ordenació del Territori Jaume Massot, admitiera que había arrojado a la basura «facturas de construcciones suyas», pues «ya tenía el resumen», según consta en el sumario. Esas facturas habían sido abonadas a los proveedores de Hidalgo, supuestamente, al contado y no figuraba en ellas el IVA.

Explicaciones
Pero los investigadores no se conforman con las explicaciones aportadas por el ex alcalde de Andratx. Por ello, siguen la pista de la documentación destruida poco antes de que empezara a desarrollarse la 'operación Voramar', el pasado lunes 27 de noviembre. ¿Qué reflejaban esos documentos arrojados por Hidalgo a un contenedor de la basura?.

Según la tesis del fiscal, Hidalgo tuvo tiempo de deshacerse de facturas claves en la investigación, cuyo contenido sólo es factible de recuperar con la declaración de todos y cada uno de los promotores, profesionales y empresarios identificados en el sumario. Muchos de ellos ya han sido interrogados por agentes de la Guardia Civil en calidad de imputados.

El juez, asimismo, indaga sobre los supuestos 28 delitos contra la ordenación del territorio, según el fiscal Carrau, en los que habrían incurrido Hidalgo y Gibert.

Ambos se habrían concertado para la supuesta comisión de esos delitos, que afectan los propietarios de las viviendas en cuestión. Todos ellos (hasta 28) serán citados a declarar en calidad de testigos, circunstancia que podría alargar «bastante» la instrucción de la causa, según la fuente consultada por este diario.

Además, el propio ex director de Ordenació del Territori Jaume Massot, que fue técnico municipal en muchas de las licencias otorgadas, ha reconocido ante el juez que algunas de las licencias son ilegales o que la obra efectivamente realizada era manifiestamente ilegal. Hidalgo, Gibert y Massot se encuentran en libertad provisional, los dos primeros bajo sendas fianzas de 100.000 y 60.000 euros, respectivamente, y el tercero, con cargos.

En los próximos días, la Audiencia de Palma debe pronunciarse sobre los recursos presentados por los abogados de Hidalgo y Gibert en contra de la petición del fiscal de que ambos vuelvan a prisión, o que en caso contrario, se les fije una fianza de tres millones de euros.