Serra explicó a los familiares que acudieron a la cita cuál es la situación actual del centro, que tiene permiso para estar abierto como centro de día pero no como residencia, pese a que cada noche duermen en él unas 40 personas mayores, en su mayoría con necesidades de asistencia. Entre otras cosas, el responsable de s'Institut les advirtió de que en caso de que suceda una desgracia o tengan algún problema los usuarios se encontrarían desprotegidas y ofreció una alternativa a cada persona, «porque nadie se va a quedar en la calle», aseguró.
La reunión formó parte del procedimiento y se celebró en respuesta a la demanda de información de las familias, se afirmó desde s'Institut.
Por su parte, la propietaria de la llar, María José Jaen, ha presentado alegaciones contra la resolución dictada el pasado 22 de diciembre por la que se le requiere el cierre del centro. En el escrito se afirma que se trata de una resolución ilegal «habida cuenta que ni es dictada por un órgano competente (...) ni respetando (...) el trámite de audiencia y contradicción del sujeto destinatario». Además, añade, «no es ni firme ni efectiva», ya que se apoya en una sanción que fue recurrida y que está pendiente de resolución. Más aún, la propietaria denuncia el «carácter arbitrario e injustificado» de la orden de cierre y que «se enmarca dentro de una campaña de persecución al centro». Por todo, solicita que se deje sin efecto el requerimiento de cierre.
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