No obstante, el conseller quiso dejar también muy claro que el proceso podría haber sido infinitamente más rápido si el alcalde Jaume Porsell (PP) hubiese tomado la iniciativa en el asunto y hubiera sido el Ajuntament d'Andratx y no el Consell de Mallorca la institución que finalmente hubiese decretado la suspensión de las licencias urbanísticas. De haberse dado este caso, añadió Vicens, la entrada en vigor de la moratoria se habría producido 24 horas después de que Porsell hubiese firmado el decreto según reza la disposición transitoria 15N de la Ley de Régimen Local.
En el caso de que la ponencia técnica acuerde dar luz verde a la propuesta formulada por el conseller Bartomeu Vicens, la proposición seguirá los trámites exigidos por las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) y pasará a la comisión insular de Urbanismo, órgano político que, en base a la resolución previa de los técnicos, será quien finalmente decida o no decretar la moratoria urbanística. Según declaró ayer Vicens a este diario, toda esta tramitación, absolutamente preceptiva, puede prolongarse durante varios meses.
Pese a que el objetivo de la moratoria, según el titular del departamento de Territori, es «evitar consecuencias» y que la entrada en vigor de la misma podría haberlas evitado de forma más rápida y efectiva si se ésta se hubiese producido en un plazo de 24 y no de varios meses, Vicens volvió a reincidir que la voluntad que mueve al Consell de Mallorca con respecto al urbanismo de Andratx es la de «hacer cosas» para normalizar la situación. Eso sí, recalcó el dirigente nacionalista, siguiendo siempre los trámites que marca la ley.
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