La decisión del Tribunal Supremo de declarar organizaciones terroristas a Harrai, Segi y Haika no debiera representar más que lo que es, una reconsideración judicial de una instancia superior que revoca otra de la Audiencia Nacional y establece una nueva perspectiva, incrementando las penas de todos los acusados, salvo la de uno que es absuelto.
Pero ésta se enmarca en un momento en el que la batalla política por mor del terrorismo está viviendo horas de tensión y enfrentamiento entre el Gobierno y el principal partido de la oposición como jamás hasta ahora había sucedido.
Es precisamente en este escenario en el que hay que situar cuál va a ser la dirección de la acción del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en esta materia y cuál la reacción del mundo abertzale, convencido de que desde La Moncloa se manejan los hilos de todos los poderes del Estado y se dirigen las decisiones judiciales según conviene.
En un sistema democrático como el nuestro, el poder judicial es independiente y sus sentencias no se ajustan a lo que se pretende desde el Gobierno, obedece, pura y simplemente, a la aplicación de las leyes vigentes. Es, por tanto, lógico que el Supremo actúe como crea conveniente. Y, si tenemos en cuenta que debe tener presente también el momento en el que se encuentra la sociedad, nada más esclarecedor que la aplicación estricta de la norma, toda vez que la violencia ha vuelto a hacer acto de presencia por parte de ETA.
La batalla política, las descalificaciones, el uso partidista del terrorismo, sin duda continúan, en buena parte debido a que se avecinan comicios autonómicos y municipales, pero la Justicia, al margen de todo este devenir, debe seguir su camino para poner a los que infringen las leyes en el sitio en el que deben estar.
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