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P. CANDIA/J. JIMÉNEZ
«Vendí un terreno, como todo el mundo, no hay nada extraño en esa operación», fue la escueta declaración que realizó la número dos de Unió Mallorquina (UM), Maria Porcel Salvá, tras comparecer durante una hora y veinte minutos ante la Comandancia de la Guardia Civil en calidad de imputada en el «caso Andratx» por la supuesta comisión de cuatro delitos: contra la ordenación del territorio, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Su abogado Gregorio San José, también fue rotundo: «Dio una respuesta satisfactoria a todo lo que le preguntaron. Su declaración se remitirá al Juzgado (Instrucción 12 de Palma) y luego será el juez (Àlvaro Latorre) el que decidirá».

Maria Porcel fue citada para que explicara si la parcela de su propiedad, en s'Arracó, que heredó, cumplía con los requisitos legales cuando decidió venderla en 2002 a un matrimonio alemán. Se da la circunstancia de que en ese año ya estaba Eugenio Hidalgo al frente del Consistorio, quien firmó la certificación de antigüedad y superficie de la construcción existente. Hidalgo y el celador municipal Jaume Gibert son los principales imputados en el «caso Andratx», que investiga el juez y el fiscal Anticorrupción Juan Carrau.

La número dos de UM aportó diversos documentos para demostrar la licitud de la operación de compraventa.

Como ya informó ayer Ultima Hora, en esos documentos destaca la copia notarial de la donación de la parcela efectuada por Ana Salvá Alemany a su hija (Maria Porcel). Ante el notario (Jaime Ferrer Pons), madre e hija declaran que en la finca «existen parcialmente las paredes en estado ruinoso de una casa, las cuales datan de una construcción superior a los últimos». Los alemanes compraron la finca que contaba con una licencia que clasificaba el suelo como «urbano» y la zonificación «extensiva». En el «caso Andratx», precisamente, el juez investiga más de sesenta supuestos delitos urbanísticos cometidos, al parecer, por los principales imputados en la causa.

El juez instructor del «caso Andratx» imputó ayer a otros dos arquitectos en la trama por firmar proyectos de dudosa legalidad. Tras un breve paréntesis, la Guardia Civil continuará con la toma de declaraciones a los implicados. Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) están jugando un papel clave en la investigación de la causa. Por la Comandancia de la Guardia Civil han desfilado todas las personas que de una manera u otra están involucradas en la supuesta trama de corrupción urbanística.