El fiscal Anticorrupción de Balears, Juan Carrau, afirmó ayer en la vista por la excarcelación del ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo y del celador municipal Jaume Gibert, celebrada ante la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, que la Guardia Civil prevé cerrar en 45 días más la investigación de la supuesta trama de corrupción en ese municipio. Por ello, solicitó al tribunal, integrado por Juan Catany, presidente; Eduardo Calderón y Juan Pedro Yllanes, que decrete el regreso a la prisión de Hidalgo y Gibert, en libertad con fianzas de 100.000 y 60.000 euros desde el pasado 13 de diciembre, por ese periodo de tiempo.
El fiscal se opuso de forma rotunda al auto de excarcelación de los dos principales imputados en la causa dictado por el juez instructor de la causa, Àlvaro Latorre, en la vista celebrada ayer.
Aportó abundante y exhaustiva documentación para justificar su tesis de que Hidalgo y Gibert deben regresar a la cárcel para que «no destruyan nuevas fuentes de prueba», y por un «evidente riesgo de fuga».
Sobre ese aspecto, Rafael Perera, abogado de Hidalgo, explicó a la salida de la vista, que se desarrolló a puerta cerrada, que si su cliente hubiese tenido la intención de fugarse, lo pudo haber hecho «perfectamente», dijo, ya que él «sabía» que iba a ser detenido en la mañana del 27 de noviembre, cuando se produjo su arresto en el Ajuntament de Andratx.
Según el letrado, las diligencias del caso reflejan que Hidalgo «se sentía desde hacia tiempo totalmente vigilado» y «controlado», pues «tenía comprobado que se le estaba siguiendo», a lo que le ayudó, dijo, su etapa como guardia civil, cuerpo en el que «había pertenecido al servicio de información».
Perera declaró que entre los papeles recabados dentro del sumario «no hay ningún documento que constituya prueba de cargo, o que sea ningún documento original, ningún expediente» ni «nada», sino «simples recortes de prensa, propaganda, convocatorias de juntas municipales» y «alguna copia de algún acta de sesiones municipales» que tienen un carácter «totalmente intrascendente», indicó al respecto.
El abogado sostuvo en este sentido que «ha quedado demostrado» que «no ha habido ninguna maniobra de destrucción de pruebas que pueda servir de base a pensar, como piensa el Ministerio Fiscal», que ahora «Hidalgo va a proceder a «intentar destruir unas pruebas» que están, además, «bloqueadas y en poder de la autoridad judicial».
Más o menos en esos mismos términos se pronunció Juan Luis Matas, abogado de Jaume Gibert, quien rebatió la opinión del fiscal en un exhaustivo alegato, en el que reiteró su tesis de que «no procede, en absoluto, la vuelta a prisión» de su cliente, ya que «está descartado que intente fugarse y que altere pruebas o influya en los testigos».
El letrado, asimismo, negó ante el tribunal que el patrimonio de Jaume Gibert tenga un origen delictivo.
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